El caso de John Eley y la locura de la pena de muerte en EEUU

El cacao monumental que reina en los diferentes estados que conforman los Estados Unidos a la hora de aplicar la pena de muerte se pone en especial evidencia con el caso de John Eley, de 63 años de edad, cuya ejecución está prevista para el próximo 26 de julio en el estado de Ohio.
El 26 de agosto de 1985, Ihsan Aydah resultó herido por arma de fuego durante un robo en su tienda de Youngstown, Ohio, y murió al día siguiente. John Jeffrey Eley fue detenido tres días más tarde y confesó ser el autor del disparo. El robo fue idea de un conocido suyo, Melvin Green, que proporcionó el arma.
Eley accedió a entrar a la tienda mientras Green aguardaba fuera, porque el dueño lo conocía y podía identificarlo. Tras producirse el disparo, Melvin Green entró en la tienda, agarró el dinero de la caja registradora y la cartera del propietario, herido de muerte, y se marchó con su colega.
Pero he aquí que llega el fiscal y ofrece a Eley un acuerdo sobre la condena –seis años de prisión si se declaraba culpable de homicidio- a cambio de que testificara contra su compañero, sospechoso de estar implicado en otros delitos. Éste se niega y renuncia a su derecho a un juicio con jurado. Es juzgado en ante un tribunal de tres jueces que lo declara culpable y, tras una vista de determinación de la pena celebrada en julio de 1987, es condenado a muerte. Hasta aquí todo aparenta normalidad.
Tiempo después aparece un experto en discapacidad intelectual que concluye que el condenado cumple los criterios de retraso mental que, de ser aceptados por los tribunales (la cuestión está ahora mismo en litigio), convertirían su ejecución en inconstitucional en Estados Unidos. Además, también descubren nuevas pruebas de que sufre una enfermedad mental y puede no comprender de forma racional su situación.
Con estos datos, en junio pasado, uno de los jueces que lo juzgó –ahora juez federal- escribe a las autoridades de Ohio pidiendo su indulto. Según manifiesta, en 1987 estuvo de acuerdo con dictar la máxima pena porque los abogados defensores no habían presentado “ninguna prueba atenuante sustancial” con la que los jueces pudieran contrarrestar las circunstancias agravantes.
El juez afirmz que, si en el juicio se hubieran presentado las pruebas atenuantes que ha visto posteriormente –“especialmente las pruebas relativas al bajo rendimiento intelectual del Sr. Eley, su infancia de pobreza, su abundante consumo de alcohol y sustancias y su posible disfunción cerebral”-, habría votado por una condena “menor que la muerte”.
Por otro lado, el fiscal que le ofreció el trato y se encargó del caso, que se describe a sí mismo como un “conservador incondicional” que no tiene “problemas en pedir la pena de muerte en un caso que lo merezca”, insta también a que se le conceda el indulto, al considerar que su delito no era el más grave de los delitos, para los que se debe reservar la pena de muerte.
Según manifiesta el propio fiscal a la junta de libertad condicional: “por aquel entonces estaba molesto con el Sr. Eley” por negarse a testificar contra Green y “procedí a un juicio que concluyó con una condena de muerte”. El detective ya retirado, que fue quien obtuvo su confesión, también se ha sumado a la petición de indulto.
Hay que tener en consideración que, cuando en 2010 una sala de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Sexto Circuito confirmó su condena de muerte, uno de los jueces discrepó. Alegó que la asistencia letrada del condenado durante el juicio había sido constitucionalmente inadecuada, porque el abogado defensor no había investigado los factores atenuantes. Y también que existía una posibilidad razonable de que, si se hubiera llevado a acabo una investigación adecuada, “los encargados de dictar condena habrían concluido que no debería haber sido condenado a muerte”.
Para terminar de rizar el rizo, el 20 de junio pasado, la junta de libertad condicional de Ohio anuncia su decisión, adoptada por 5 votos contra 3, de no recomendar al gobernador que conmute la condena de muerte de Eley. Los tres miembros que votan a favor del indulto lo hacen basándose en diferentes factores.
A saber: en la oposición a la ejecución del juez, el fiscal y el detective; en los indicios de que, sin la influencia de Melvin Green –que fue absuelto-, “Eley no habría cometido el delito por sí solo”; en el hecho de que, si hubiera testificado contra su cómplice, la fiscalía no hubiera pedido la pena de muerte; en la cuestión de que, independientemente de que su discapacidad intelectual llegue o no al nivel de “retraso mental”, Eley “padece alteraciones intelectuales” que “pudieron haber sido un factor en el crimen –incluido el hecho de ser inducido a cometerlo-”; en la respuesta del condenado a su situación tras su detención –incluido el negarse a reunirse con expertos en salud mental-; y en el hecho de que el caso no es uno de los delitos para los que supuestamente se reserva la pena de muerte en Estados Unidos.
Se da el caso de que Ohio es uno de los estados de Estados Unidos que más aplican la pena de muerte y ha sido responsable de un 8% de las ejecuciones llevadas a cabo en el país durante la última década (45 de 551 desde enero de 2002), en un momento en que parece que la opinión pública está dando la espalda a la pena máxima.
Este mismo año, Connecticut se ha convertido en el cuarto estado de la Unión que, en cinco años, promulga legislación para abolir la pena capital. Le precedieron Nueva Jersey (2007), Nuevo México (2009) e Illinois (2010), que se sumaron a la desaparición de la pena de muerte en el estado de Nueva York.
Además, en 2011, el gobernador de Oregón dictó una suspensión de las ejecuciones y 800.000 ciudadanos de California –estado que alberga uno de cada cinco condenados a muerte de Estados Unidos- han apoyado que se someta la abolición a votación popular, cosa que sucederá en las próximas elecciones generales del 6 de noviembre de este año.
El propio presidente de la Corte Suprema de Ohio ha ordenado ahora que se establezca un grupo de trabajo encargado de examinar el sistema de pena capital del estado. Estará compuesto por jueces, fiscales, abogados defensores, legisladores, catedráticos de derecho y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y se espera que presente su informe final en 2013.
Con la única pega de que para entonces, lo más probable es que a John Eley ya no le sirva para nada.
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